ESTE INDIVIDUO, POR LLAMARLE DE ALGUN MODO, NO TIENE DESPERDICIO
Siguiendo con los articulistas, no nos valen las ironías con las que otros se refieren al Estatuto especial para Canarias al que tantas veces hemos aludido en estas páginas editoriales como el que necesita el Archipiélago –que no región– en estos momentos. Un Estatuto que contemple que la capital canaria debe estar en una isla que no puede ser otra que la de mayor superficie y más poblada. Ese texto sería provisional como paso previo hasta que se constituya un país soberano. Pero, hasta que llegue ese momento, Canarias debe funcionar administrativamente con el modelo que ha sido la envidia de otras partes del Estado. Porque creemos que España debe permanecer unida, pero la España peninsular y Baleares; los argumentos para la unidad no cabe aplicarlos a un conjunto de islas situadas a unos dos mil kilómetros de distancia del resto del territorio.
Dentro de ese modelo administrativo del que Canarias debería sentirse orgullosa, hay que destacar el papel de los cabildos y, este año, en especial, el de Tenerife, que supera todas las expectativas presupuestarias, para colocarse como la administración local más pujante, con un 30% más de dinero que el de Canaria, como consecuencia de una gestión más juiciosa e inteligente, y no de favores recibidos desde el Gobierno autónomo, como han dicho allá enfrente. Baste recordar que el propio vicepresidente del Ejecutivo actual, un defensor a ultranza de Las Palmas, su tierra natal, ha reconocido que, desde hace bastantes años, la inversión por habitante en los sucesivos presupuestos autonómicos ha sido mayor en su isla que en Tenerife. Lo que pasa es que aquí se han emprendido una serie de proyectos y asumido servicios que implican enormes desembolsos, dinero que el Cabildo ha conseguido a través de otras administraciones, con el siempre difícil juego de los convenios y la negociación política. Y para muestra ahí están la absorción de Titsa, antes propiedad del Gobierno de Canarias, y la creación del tranvía.
Para acabar, una observación al presidente de Canarias. Señor presidente, la isla donde usted, por imperativo legal, tiene su residencia oficial no es "gran", porque no tiene un tamaño grande, y tampoco ha hecho merecimientos de otro tipo que merezcan el calificativo. Así que descarte en el nuevo Estatuto de Autonomía que prepara su Gobierno el orden alfabético para nombrar a las siete islas del Archipiélago y coloque a cada una en el puesto que, según su tamaño, le corresponde. Finalmente, devuelva al escudo oficial de la Comunidad su aspecto original (el que aparece en la imagen de al lado, portada de un libro escrito por autores de Las Palmas) y no ceda ante las presiones de sus vecinos canariones.
Siguiendo con los articulistas, no nos valen las ironías con las que otros se refieren al Estatuto especial para Canarias al que tantas veces hemos aludido en estas páginas editoriales como el que necesita el Archipiélago –que no región– en estos momentos. Un Estatuto que contemple que la capital canaria debe estar en una isla que no puede ser otra que la de mayor superficie y más poblada. Ese texto sería provisional como paso previo hasta que se constituya un país soberano. Pero, hasta que llegue ese momento, Canarias debe funcionar administrativamente con el modelo que ha sido la envidia de otras partes del Estado. Porque creemos que España debe permanecer unida, pero la España peninsular y Baleares; los argumentos para la unidad no cabe aplicarlos a un conjunto de islas situadas a unos dos mil kilómetros de distancia del resto del territorio.
Dentro de ese modelo administrativo del que Canarias debería sentirse orgullosa, hay que destacar el papel de los cabildos y, este año, en especial, el de Tenerife, que supera todas las expectativas presupuestarias, para colocarse como la administración local más pujante, con un 30% más de dinero que el de Canaria, como consecuencia de una gestión más juiciosa e inteligente, y no de favores recibidos desde el Gobierno autónomo, como han dicho allá enfrente. Baste recordar que el propio vicepresidente del Ejecutivo actual, un defensor a ultranza de Las Palmas, su tierra natal, ha reconocido que, desde hace bastantes años, la inversión por habitante en los sucesivos presupuestos autonómicos ha sido mayor en su isla que en Tenerife. Lo que pasa es que aquí se han emprendido una serie de proyectos y asumido servicios que implican enormes desembolsos, dinero que el Cabildo ha conseguido a través de otras administraciones, con el siempre difícil juego de los convenios y la negociación política. Y para muestra ahí están la absorción de Titsa, antes propiedad del Gobierno de Canarias, y la creación del tranvía.
Para acabar, una observación al presidente de Canarias. Señor presidente, la isla donde usted, por imperativo legal, tiene su residencia oficial no es "gran", porque no tiene un tamaño grande, y tampoco ha hecho merecimientos de otro tipo que merezcan el calificativo. Así que descarte en el nuevo Estatuto de Autonomía que prepara su Gobierno el orden alfabético para nombrar a las siete islas del Archipiélago y coloque a cada una en el puesto que, según su tamaño, le corresponde. Finalmente, devuelva al escudo oficial de la Comunidad su aspecto original (el que aparece en la imagen de al lado, portada de un libro escrito por autores de Las Palmas) y no ceda ante las presiones de sus vecinos canariones.
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