SENCILLO. BIEN PICADITOS, SE MEZCLAN CON EL ASFALTO NUEVO Y SE OBTIENE MAS SEGURIDAD DE AGARRE EN NUESTRAS CARRETERAS.Gran Canaria no sabe qué hacer con las cerca de 4.500 toneladas de neumáticos usados que mantiene acumulados en los centros autorizados para su recogida y en el complejo de Juan Grande, mientras se acrecienta el peligro de contaminación y de seguridad. Los traslados están paralizados desde hace casi medio año por la saturación que sufren las cementeras de la Península, que son las habituales receptoras, mientras el consumo sigue creciendo cada año al ritmo de ventas de vehículos, y los automovilistas pagando el impuesto ecológico.El consumo abusivo de gomas para coches se ha convertido con el paso de los años en uno de los más grandes peligros medioambientales sin resolver por parte de la sociedad moderna, tanto por su efecto contaminante como por las dificultades para su control, debido a su elevada capacidad de combustión en caso de que se produzca un incendio.El problema no es nuevo en el mundo, aunque la situación en la isla de Gran Canaria es especialmente más sensible, debido a la falta de alternativas existentes para su aprovechamiento y su dependencia de los envíos a las industrias peninsulares, donde se procede a su reutilización.LANZAROTE. El Cabildo insular tiene almacenados en el complejo de Juan Grande casi 346 toneladas de neumáticos fuera de uso almacenados hasta la contratación de una empresa encargada de su gestión hace un año. A esta cantidad hay que sumar las cerca de 4.000 toneladas que se deben haber acumulado ya desde el verano por la paralización de los envíos a la Península desde Canarias, ya que las cementeras de la Península, que eran receptoras de esta carga y se encargaban de su incineración como combustible y el aprovechamiento de su poder calórico, están saturadas y están restringiendo sus entrada, según ha podido saber este periódico, sin que exista una salida inminente a esta situación.El problema no es exclusivo de Gran Canaria, sino que afecta al resto de las Islas, toda vez que en Lanzarote hay almacenadas unas 800 toneladas y en Fuerteventura algo más de 2,5 toneladas. En unos casos los responsables también las envían a la Península y en otros lo mezclan con los residuos sólidos ordinarios, según admiten los propios cabildos insulares.La propia Unión Europea aprobó una Directiva en el año 1999 en el que insta a las administraciones a la búsqueda de sistemas alternativos de valorarización y eliminación de estos residuos, debido al elevado potencial contaminante que generan estos desechos de los vehículos. Éste es el motivo por el cual también le legislación vigente se encarga de regular económicamente sus costes con la idea de que "quien contamina paga".A pesar de todo, siguen sin encontrarse alternativas ecológicamente viables, a pesar de que estos centros de almacenamiento suponen también un grave peligro para todo el entorno, debido al alto poder de combustión que acumulan, por lo cual el trabajo de los bomberos para tratar de apagarlo se complica si ocurre un suceso inesperado, como ha sucedido en ocasiones en Lanzarote.
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