¿TRAFICO GENERALIZADO DE INFLUENCIAS EN CANARIAS?

¿A INVESTIGAR?
No, no creo que haya tráfico de influencias en Canarias a escala demasiado preocupante, o, por lo menos, así lo estimo, aunque no dejo de ser uno más de esos ‘felices’ ciudadanos grancanarios que sólo se entera de las cosas por lo que cuenta la prensa; precisamente a cuento de lo que cuentan los periódicos no hay más remedio que reparar en la portada del diario “Canarias7” del pasado día 27 de febrero que decía, en letras negras y grandes de imposible omisión, lo siguiente: ”EL GOBIERNO QUIERE SACAR 5.600 CAMAS TURÍSTICAS. >>Adjudica a Anfi Tauro 1.700 plazas y a Lopesan 2.631.” También informando que a estas 4.421 camas que serán presentadas por el Gobierno al Parlamento hay que sumarle las 1.184 de Tenerife, correspondientes a los proyectos de la empresa Tropical Turística de Canarias, S.L., en Abama, del grupo Polanco, consistente en un complejo de apartamentos de 700 camas y el proyecto de hotel de 484 camas de la empresa Santones, S.L.¿Y qué quiere decir, en lo que a Gran Canaria se refiere, que las 4.421 camas que ha aprobado el Gobierno -dentro de las excepciones de la Moratoria- el pasado día 27 de febrero para Gran Canaria sean asignadas a Anfi Tauro del grupo Santana Cazorla y al proyecto de Lopesan en Meloneras, las dos empresas constructoras más potentes que tiene Gran Canaria? Pues que puede resultar extraño para el ciudadano corriente y moliente que sean los dos grandes ‘tiburones’ de la construcción a los que se les adjudique la totalidad de las camas previstas en este ‘reparto’ para Gran Canaria, pudiendo presentársele la interrogante del porqué empresas pequeñas no hubiesen entrado también en dicho ‘reparto’. Esta interrogante ya fue aclarada hace días por el propio presidente del Gobierno. El Gobierno ha adjudica las camas que tenía previsto adjudicar a los proyectos que habían sido presentado, es decir, los dos referidos de Gran Canaria y los dos de Tenerife. (Cae de su propio peso que no puede adjudicar camas a proyectos no presentados). La duda puede seguir prevaleciendo, no obstante, para el ciudadano de a pie porque si hay empresarios con proyectos hoteleros bloqueados en su ejecución por la Moratoria, no se explica que no intenten aprovechar esta posibilidad de desarrollarlos ya que si Gran Canaria tiene, por ejemplo, proyectos pendientes de autorización por un total de 10.000 camas, lo lógico sería que cada empresa probase ‘fortuna’ presentando el suyo; pero no, según las palabras del presidente, sólo lo han presentado las dos empresas citadas. ¿Y cual pueden ser las razones para esta ‘abstención voluntaria’? La respuesta es de lo más simple: el equipo redactor de la Moratoria o Ley de Directrices del Turismo ha impuesto unos condicionantes tan leoninos y de tal calibre, un verdadero nudo gordiano, que sólo grandes empresas con mucho suelo y con equipos jurídicos y técnicos de gran magnitud, comparables casi a los del propio Gobierno, han estado a la altura de deshacer ese ‘nudo’ y entrar en el reparto de la ‘divina dádiva’ de 3.600 camas por año que la Moratoria prevé que se pueden construir en todo el archipiélago. A todo esto, resulta sorprendente que el equipo técnico y la dirección política que ha ‘cocinado’ la Moratoria, gran parte del cual procede de las filas comunistas de la extinta ICAN, a quienes se les supone y de quienes se espera que en ningún caso diseñen y legislen cerrando las puertas al empresariado pequeño en beneficio del empresario grande, han diseñado un ‘traje’ de tal magnitud que sólo puede entrar dentro de él el empresario de grandes medios económicos y técnicos, creando los condicionantes para lo que talvez denominaría el legendario Sagaseta “la nueva oligarquía política/gran capital canaria”, nacida a la sombra de una moratoria, estranguladora del crecimiento económico de nuestra Isla, impulsada por intereses empresariales turísticos tinerfeños y por los sempiternos amantes grancanarios del intervencionismo y dirigismo de nuestra vida económica, especialmente en todo lo que tiene que ver con el suelo, su fijación permanente. No se quieren enterar que la obsesión que políticos canarios tienen con el territorio les distrae de otros problemas de dimensiones extremas y sangrantes como son, por citar un par de ejemplos, la ausencia de cobertura por parte de nuestra Seguridad Social a los enfermos mentales -que precisa una ley por la vía de urgencia sólo para dar solución a la tragedia que viven los afectados y sus allegados-, así como la pobreza extrema del 24% de nuestra población y el endémico problema del creciente paro. Es imprescindible que el aparato político cree las condiciones favorables precisas para que el dinero ‘se mueva’, cree riqueza y oportunidades para todos. Estas expectativas de mejoras se dan de bruces con la congelación del crecimiento económico del 80% de nuestra economía --que representa el turismo y lo que arrastra- impuesto por la llamada Moratoria.Insistiendo un poco sobre el suelo, viene a cuento el mencionar aquí que grandes males que aquejan hoy en día a España vienen precisamente de la mano del control exacerbado que el aparato político ejerce sobre el suelo, presión que trae como consecuencias graves, además de los innumerables casos de corrupción que están emponzoñando la vida nacional, la escasez de suelo urbanizado en el mercado que repercute en su precio de forma desorbitada, siendo los mas afectados por este encarecimiento del suelo aquéllos que tienen el proyecto de adquirir una vivienda, especialmente los jóvenes, que ya ven esa meta como ‘misión’ imposible; sólo con relación al concepto vivienda, la liberalización del suelo conllevaría una entrada de suelo debidamente ordenado en el mercado que reduciría el precio de venta de una vivienda en alrededor del 30%, y la ola de corrupción que asola a España por este concepto desaparecería. Ya la Ley del Suelo contempla que todo ciudadano propietario de suelo tiene derecho a ordenarlo, de acuerdo con los cánones establecidos en dicha ley, urbanizarlo y ponerlo en el mercado como suelo urbanizado; sólo hay que permitírselo hacer sin enredos y sin que tenga que ser una prebenda por parte de ningún poder público.