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miércoles, 18 de enero de 2012

LEY DE COSTAS Y DERECHOS HUMANOS

Con el anuncio del ministro Arias Cañete sobre su intención de realizar una “reforma en profundidad” de la Ley de Costas, se han puesto en pie de guerra ecologistas y no tan ecologistas,  anunciando movilizaciones y denuncias sin ni siquiera esperar a conocer  cuál es el alcance de la reforma que se pretende llevar a cabo.

La ASOCIACIÓN EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS ha comparecido en varias ocasiones ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, la última el 24 de mayo de 2011, denunciando la gravedad de las consecuencias socioeconómicas y los dramas personales de gente humilde por la aplicación retroactiva, arbitraria, injusta e insegura de la norma, recabando el amparo de las instituciones europeas, el cual hemos obtenido.

Es por ello que no voy a entrar a rebatir ni debatir ni una sola opinión, sino a exponer la nuestra del porqué se ha de revisar profundamente dicha norma.

La actual Ley de Costas entró en vigor el 28 de julio de 1988, con el  supuesto fin último de la protección del medioambiente y de lograr la “determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo terrestre (DPMT) y especialmente la ribera del mar”, tal y como dice su título preliminar.
No se ha conseguido ni una ni otra cosa debido a que el espíritu de la norma ha sido pervertido hasta tal punto que se ha aprovechado la oportunidad para aprobar deslindes absolutamente incomprensibles y arbitrarios, en base a la deficiente definición del DPMT que contiene la Ley de Costas.

Si se ha conseguido en cambio lo inimaginable, que sea la única ley de nuestro ordenamiento jurídico donde todo vale; donde se pueden vulnerar los más sagrados principios  del Derecho Nacional e Internacional;  donde la retroactividad de la norma, expresamente prohibida por la Constitución Española, ha dado vía libre a dibujar en un plano, raya tras raya, lo que el Estado ambiciona poseer sin que sea suyo. Luego se trata de justificar diciendo que esos terrenos eran del Estado desde que los romanos invadieron Hispania o desde la última glaciación o desde que los dinosaurios se extinguieron. Suena a broma pero es así de serio.

Se oculta celosamente que todas las propiedades están dentro de la más estricta legalidad, con el visto bueno de todas las administraciones pertinentes, pagando cuantos impuestos las gravan, inscritas en el Registro de la Propiedad y, en la mayoría de los casos, adquiridas mediante una hipoteca que deberemos seguir pagando religiosamente cuando, terrenos y viviendas, pasen a manos del Estado, porque tampoco se cuenta que nos despojan de la propiedad pero nos dejan las deudas.

Omiten igualmente en sus famosos informes justificativos de tan escandaloso expolio  que, en innumerables casos,  las propiedades  que pretenden adjudicarse fueron desamortizadas en su momento para llenar las paupérrimas arcas estatales, vendiéndose a particulares españoles y extranjeros a los que ahora tratan de  arrebatárselas de nuevo.

No existe en España un m2 de terreno con más leyes y Directivas europeas proteccionistas que el del litoral, pero aún así se sigue insistiendo en que sin la Ley de Costas llegará el “fin del mundo costero”. Pero nadie clama por la protección de los Derechos Universales del Ser Humano, por la protección de su propiedad como un bien tan protegible como la naturaleza e incluso más, como expuso la ONU en el informe Brundtland; ni hay quién salga en defensa de las personas a quienes se les lleva a la más absoluta ruina saltando por encima de los Pactos internacionales vinculantes firmados por España como es el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El derecho a la propiedad está protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Constitución Española. Tratar de corregir una inseguridad jurídica que  afecta alrededor de 400.000 propiedades, que a vuela pluma corresponderá con 1.000.000 ciudadanos que son desposeídos de sus derechos adquiridos,  justifica  la necesidad de que se tramite una modificación de la Ley de Costas que sea respetuosa con el derecho a la propiedad consolidada con anterioridad a la ley, eliminando, además, cualquier concepto jurídico indeterminado que la cause como  ha sido la aplicación con carácter retroactivo de sus preceptos, generadora de gravísimos y profundos conflictos sociales no sólo en nuestro país, sino en toda Europa. Por esta razón las quejas que llegan al Parlamento Europeo se cuentan por miles y la imagen de España como un Estado de Derecho de la Unión Europea se  ha visto perjudicada hasta extremos insospechados, haciendo inviable cualquier inversión, española o extranjera, por miedo a una más que posible y demostrada confiscación que de la misma se ha venido realizando durante los 23 años de vigencia de la Ley de Costas.

Este Gobierno tiene muchos retos por delante. Uno de ellos es devolver a España la reputación perdida en muchos frentes, pero pocos o ninguno tan importantes como recuperar la Seguridad Jurídica y el Principio de la Confianza Legítima de los ciudadanos, pues una cosa es proteger el medio ambiente y otra muy distinta  despojar a los ciudadanos de los derechos  amparados  por las normas y pactos internacionales.

Se debe y se tiene la obligación de conciliar ambos aspectos.

Carmen del Amo
Pte de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC)

7 comentarios:

Anónimo dijo...

Godo disfrazado de canario no cuela.

Anónimo dijo...

Totalmente de acuerdo con el escrito, no es de justicia que se deje en la calle a quienes pagan sus impuestos por la manida "ley" que ni los mismos que hacen efecto los desalojos, no cumplen y sí aprovechan para dar paso a hoteles y otros negocios que le reportan más, que quienes con sus impuestos pierden su forma de vida, o la herencia que sus antepasados han querido que sigan en sus casas.

Ahora, lo que no me parece bien del escrito y que es muy llamativo, pongo la copia:(expresamente prohibida por la Constitución Española, ha dado vía libre a dibujar en un plano, raya tras raya, lo que el Estado ambiciona poseer sin que sea suyo)...

Donde el Estado como tal, no ambiciona nada, porque el jefe del "ESTADO" es el Rey y no le preocupan ésas nimiedades y menos que se echen a las personas de sus casas, si no son rehalojadas al tiempo que se las quitan y eso está por ley y por derecho Constitucional... Otro caso es la ambición-política del por qué se les pudiera echar de sus viviendas o negocios y para qué, quieren ésas "parcelas" los de "COSTAS" que es el Ministerio de Fomento y el gobierno en funciones. donde sí habría que preocuparse hasta donde pudieran estar las ambiciones reales de los des-gobiernos nacionalistas-socialistas, donde más daño han hecho con ésos desalojos, y quisiera pensar que el PP si no se cambia ésa Ley injusta estarían haciendo lo mismo, así que es mejor que miren de qué manera se pudiera evitar para no incriminarse con dicha ley que le fue muy bien a Felipe González cuando la puso y donde el Sr.Aznar ya quiso quitarla y aunque no la aplicó en su corto mandato, no le dió tiempo de quitarla.

Donde se lo pongo a la Sra. Carmen del Amo (
Pte de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) para que vea y gestione que hay soluciones hablando con el Ministerio de Fomento y que estaba equivocada al utilizar la palabra "ESTADO" en vez del Presidente del Gobierno español, porque son dos cosas muy distintas.

Al (ANÓNIMO) si leyera mejor y no tuviera tanta fobia y xenofobia contra España y los españoles, le habría venido mejor un comentario a ésta Asociación que lucha por los desalojo-ingratos inconstitucionales que afectan a toda España, y dar a entender que es mejor ser apátrida y racista consumado incluso con quién ha tenido la amabilidad de poner un post con tal villanía política en conocimiento de todos.

Maria

C S Peinado dijo...

Yo opino que la Ley debe de preservar no sólo las Costas, sino cualquier enclave de especial protección, también que lo hecho, hecho está y que lo que tiene escrituras y paga impuestos debe de expropiarse a justiprecio.

Lo que pasa es que siempre pagan los mismos. No veo yo que el Estado tire un hotel de cinco estrellas que esté en primera línea de playa por incumplir la ley (sólo hay que ver lo que se está tardando con el Algarrobico), pero si es sencillo que cualquier chabolo o chalet de cualquier mindundi sin contactos vaya al suelo.

Sea cómo fuere, lo que hay que hacer es dar caña y sino se está de acuerdo con algo, denunciarlo (creo que de todo el ordenamiento jurídico español, el ochenta por ciento no vale para una mierda, demasiado tiempo haciendo el pirulas sin control). Así que ya sabeís amiguetes, a quejarse que todo internet es vuestro.

Un saludazo.

Maribeluca dijo...

Los que compraron en tiempos cumplían con la legislación de entonces y carecen de toda culpa, así que me alegro si en algo les reparan.

Importantísimo es proteger el paisaje y el medio ambiente, pero contando con el ser humano y no como hacen algunos colectivos del ecolofascio, que repudian a los de su especie y aman a las ladillas y a las cucarachas.

Un saludo

DORAMAS dijo...

María, es lógico que las personas se vean ofendidas en si mismas, pues después de tantos años en un mismo lugar, ahora vienen a tirarles las casas. Claro que a esas empresas que mantienen bajo mano a los políticos, no, a esas no se les toca. Aquí, o todos moros o todos cristianos.

DORAMAS dijo...

C S, al final, creo que a veces ayudamos un poco a que estas cosas corran por la red y la gente se vaya enterando de tantas cosas que pasan desapercibidas.

DORAMAS dijo...

Maribeluca, lo mas bonito de todo esto, es que esa casas, llevan años pagando impuestos, es decir que mientras la ley sabía que estaban ilegales, permitían que fueran saqueadas por otros estamentos oficiales.
En cuanto a los eco-flautas, mejor me muerdo la lengua.