NOS SECUESTRAN A NUESTROS HIJOS Y LOS PROSTITUYEN
Durante los últimos tiempos son habituales en España las noticias relacionadas con la desarticulación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de redes de pederastia, dedicadas tanto al tráfico de material pornográfico, como a la fabricación del mismo mediante abusos sexuales a menores, tanto en España como en otros países, bien sea por proximidad con los menores (familiares, profesores, tutores, simples conocidos), bien mediante el llamado “turismo sexual”, o directamente por medio del secuestro.
En los último meses, sin embargo, aumentan las noticias relacionadas con el abuso y la prostitución de menores que están bajo la tutela de las administraciones autonómicas españolas.
En marzo de 2016, una denuncia señalaba a la fiscal jefe de Sevilla como encubridora en Andalucía de una red de tráfico de menores y por bloquear la investigación sobre informes falseados por los Equipos Psicosociales de los Juzgados de Familia y Menores dependientes de la Junta de Andalucía, en la que se incluye al Colegio de Psicología de Andalucía Occidental, en lo que podría ser la punta del iceberg de una sospechosa práctica destinada a retirar la custodia de los hijos a familias con distintos tipos de problemas, de forma que los Servicios Sociales se apropian de la tutela.
Un tutelaje abusivo que es un fenómeno presente en todo el mundo occidental, pero que en España ha adquirido una dimensión monstruosa, y sobre el cual surgen preguntas nada tranquilizadoras.
En agosto, saltaba a los titulares el caso de menores tutelados por la Generalitat de Cataluña captados y abusados sexualmente para vender las imágenes por todo el mundo por una red criminal que actuó de manera impune durante 15 años – en un intervalo de tiempo comprendido entre los años 2000 y 2015- hasta que la DGAIA, dependiente de la Generalitat, alertó a los Mossos al detectar una situación de riesgo en un centro residencial de acción educativa de Tortosa.
En este pasado mes de noviembre salía a la luz el caso de una trama de prostitución de menores de 14 a 17 años, cuya tutela había sido retirada a las familias por un tribunal y concedida a la Diputación Foral de Álava.
También en el mes de noviembre, se conoció que menores tuteladas por el gobierno de Canarias habrían participado en fiestas de una trama de prostitución de mujeres.
Durante años y, a pesar de los intentos de censura, se ha conocido información sobre una presunta célebre red de pederastas que habría actuado, o seguiría actuando en la zona de Castellón, en la Comunidad Valenciana, usando niños y niñas de corta edad que eran explotados sexualmente por un grupo de prominentes personajes de la alta sociedad valenciana en fiestas privadas, y cuyos abusos eran filmados y, posteriormente, comercializados en Francia e Italia.
Cada vez son más las voces que denuncian la connivencia de instituciones, políticos, medios y tramas criminales respecto al tema del tráfico, compra venta y abuso de menores a gran escala.
En muchas ocasiones se trata de prácticas ilegales e ilegítimas (como el llamado “vientre de alquiler”, o directamente la compra de niños procedentes de países “subdesarrollados”) para hacerse con un menor saltándose los procedimientos de adopción insitucionales, normalmente por parte de parejas heterosexuales que no pueden tener hijos, parejas de “gays” y lesbianas (sobre todo por los primeros, por razones obvias), o personas solas que deciden “ser padres” comprándose un niño.
Sin embargo, también son célebres los casos de redes dedicadas directamente al secuestro, abuso y asesinato de menores, compuestas presuntamente por personajes socialmente relevantes y que normalmente acaban veladas tras un cúmulo de desinformación, pistas falsas y casos sobreseídos por diversas razones....
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