AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS

¿QUIÉN LE PONE EL CASCABEL AL GATO? O CÓMO SE PUEDE PONER A LA OVEJA A VIGILAR AL LOBO. TENEMOS UNA AUDIENCIA DE CUENTAS Y UN TRIBUNAL DE CUENTAS PARA VIGILAR LOS DESMANES QUE EFECTÚAN LOS POLÍTICOS CON NUESTRO DINERO, CON ÉSE DINERO QUE LES DAMOS VÍA IMPUESTOS, PARA MEJORAR SOCIAL Y ECONÓMICAMENTE AL PUEBLO DE CANARIAS.

Pero el resultado es totalmente lo contrario. Para empezar, el poder investigador y ejecutor de la Audiencia de Cuentas, es reglamentado por los mismos políticos a los que hay que vigilar e investigar, con lo que nos encontramos con el dicho ése de : "EL QUE HIZO LA LEY, HIZO LA TRAMPA". O como éso, de que "los trapos sucios se lavan en casa".

Con la lectura del texto siguiente, podemos tener claro, cual es la obligación de esta Audiencia de Cuentas. Después de ésta lectura continuamos.

"La Audiencia de Cuentas de Canarias se creó por la Ley 4/1989, de 2 de mayo, como el órgano técnico del Parlamento de Canarias al que le corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Tribunal de Cuentas de acuerdo con la Constitución".

"El sector público sometido al control de la Audiencia de Cuentas está integrado por:

a) La Administración Pública de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos y empresas públicas y cuantas entidades estén participadas por los anteriores.

b) Las Entidades Locales que forman parte del territorio de la Comunidad Autónoma, así como los organismos autónomos y empresas públicas de ellas dependientes.

c) Las Universidades Públicas existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma.

d) Las Cámaras de Comercio, las Cámaras Agrarias, las Cofradías de Pescadores y las Fundaciones, así como cualquiera otra entidad u organismo que administre o utilice fondos públicos procedentes del resto de entes del sector público".

Para empezar, nos encontramos con un estamento que debe velar por los intereses de la población, pero, siempre hay un pero, resulta que no se puede mover como la ley le permite, pues su reglamento de obligaciones, es definido por los mismos personajes a los que hay que investigar y denunciar si se diera el caso. ¿Ustedes entienden?, pues yo no entiendo.

Los componentes de éste organismo, son nombrados por los mismos personajes a investigar, de entre ellos mismos. Con lo que nos encontramos en estos días, con que un político de CC, es el que preside dicho organismo.

Me explico, resulta que el Presidente de la Audiencia de Cuentas, es el portavoz de CC en Gran Canaria, a fecha de Junio del 2009, con lo que la Audiencia de Cuentas se convierte en la finca privada de CC-ATI. No encuentro otra explicación para que los políticos sigan saliendo indemnes a cualquier denuncia o investigación interna de sus actos.

Tenemos casos que son de libro, donde ésta Audiencia de Cuentas ignora la realidad y pasa de puntillas por cualquier asunto político, no encontrando "NUNCA" a ningún culpable, aunque se lo pongan delante de sus narices.

Entre ésos casos famosos, tenemos uno, que por ser el más antiguo y al parecer, aún sigue coleando, lo único que ocurrió es la dimisión de un político, pero el dinero, nuestro dinero, "EVAPORADO", nadie sabe decir quién se lo metió en el bolsillo. Hablo del caso ICFEM, que empezó en el año 1988. El Tribunal de Cuentas (otro aparato del gobierno, del que hablaremos en su momento), lo archivó en el 2002. El ex-consejero de Empleo, un tal Victor Rodriguez, apareció como principal implicado y la única consecuencia fue su dimisión. ¿Y el dinero, dónde está nuestro dinero?.

Seis ex altos cargos del Gobierno canario están imputados en el caso Icfem: Víctor Díaz (CC), Aurelio Ayala(CC) LINK, Diego León (CC), Francisco Zumaquero(CC), Francisco Almeida (CC) y Tomás Quesada(CC). En el actual momento procesal, el fiscal no les acusa de malversación de caudales públicos, únicamente de prevaricación. La acusación particular busca determinar si cabe la acusación por malversación de fondos públicos, y la única vía para ello pasa por una pericial que determine si hubo o no quebranto y, de ser ésta respuesta positiva, a qué cuantía ascendió éste.

Con independencia de la pertinencia de la prueba, que la Audiencia acaba de considerar esencial para llegar al fondo del asunto, lo cierto es, que si el caso Icfem caminaba a ser el proceso más enrevesado de la historia judicial de las islas (tiene más folios que el sumario del 11-M) la investigación que ahora ordena la Audiencia lo consolida como la madre de todos los macro-procesos vistos en las islas. Los peritos de Hacienda tendrán que auditar ahora todas las cuentas del Icfem entre 1993 y 1998. Y, lo que es más importante: Todas las actuaciones posteriores al auto de apertura de procedimiento abreviado son nulas, que es tanto como decir dos años para nada; el fiscal tendrá que replantar su acusación, aclarar si incluye o no el delito de malversación, y por supuesto, las defensas tendrán su derecho a responder a los nuevos cargos. Los descritos de calificaciones actuales ya no sirven.

Tenemos otro caso que se ha perdido en el tiempo y me refiero al del Tesoro Público. Donde un tal Alberto Amorós que fue el Director del tesoro, supuestamente gestionó dineros que no estaban justificados y el Fiscal del Tribunal de Cuentas lo archivó y el tal Amorós, desapareció de la vida política. ¿Y el dinero, dónde está nuestro dinero?.

http://www.acuentascanarias.org/PRENSA/prensa2006/060131Canarias7.pdf

Tenemos muchos más casos, como Tindaya, etc, etc,.... El resultado es un montón de miles de millones desaparecidos y que nadie está interesado en localizar su paradero o identificar públicamente al ladrón. Ellos mismos se tapan sus vergüenzas y el pueblo calla. SE dice que no importa que los gobiernos cambien de siglas políticas, pues entre ellos existe un pacto de no revolver en el pasado inmediato. y así nos va, supuesto ladrón, tapa a supuesto ladrón.

http://www.acuentascanarias.org/

http://www.eldia.es/2009-06-19/canarias/4-PSC-exige-dimision-Medina-Jaber-partidismo.htm

http://www.unex.es/unex/gobierno/direccion/gerencia/fiscalizacion/programa/fichas/rafaelmedinajaber

http://www.laprovincia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1592_12_111697__Gran-Canaria-RAFAEL-MEDINA-JABER-estoy-imputado-caso-Santa-Brigida-hablado-juez

Visitando éstos enlaces se pueden hacer una idea de que aquí, el pueblo es el pringado de turno. Ahora bien en éstos tiempos de crisis y hambre, como se le ocurra a alguien robar un pan para comer, a ése, le cae todo el peso de la Justicia, mientras "ellos" nos roban descaradamente hasta las gotas de sudor.

Y digo yo, ¿no es más económico y más efectivo, que poner a vigilar las ovejas al lobo, poner un grupo con una denominación como ASUNTOS INTERNOS, que podía estar compuesta por cuatro Policías Nacionales y cuatro Guardias Civiles, en comisión de servicios y agregados al Gobierno de la Comunidad Autónoma, con poder para investigar todo lo que pudiera ser constitutivo de delito, para poner ésas investigaciones en manos de la Justicia?.

Claro, que ésto último no les interesa a los políticos, pues estarían en la cuerda floja, al ser investigados por unas personas que no pueden controlar.