EL SR. PRESIDENTE DEL CABILDO GRANCANARIO Y EL SR. VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO CANARIO

El pasado día 9 del corriente mes el diario “La Provincia/Diario de Las Palmas” publicó en su página 31 una información según la cual el Partido Popular (PP) presentó el día 8 de este mismo mes una proposición no de ley en el registro del Parlamento de Canarias en la que solicitaba la transferencia a los Cabildos de las competencias urbanísticas, por un lado, y por otro lado la eliminación de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), o limitación de las funciones de este último organismo. Esta petición arranca, según la información publicada por el mismo diario el día 8 en su página 28, de un informe jurídico encargado por el Cabildo (el periódico dice: “…encargado por Soria…”), a la firma de abogados “Gómez-Acebo & Pombo”.Ante este planteamiento del Partido Popular canario a nuestro Parlamento, el señor Fernando González, viceconsejero de Ordenación Territorial del Gobierno canario, en unas declaraciones publicadas también ese mismo día 9 en el mismo periódico y también en la página 31, le espeta lo siguiente (lo transcribo literalmente): “es una perreta de Soria que sólo obedece a sus apetencias personales de ser él quien tome las decisiones sobre el territorio”. Ambos casos son dignos de comentarios y voy a permitirme el exponer aquí los míos. Comienzo por la proposición no de ley del PP. Veamos:La proposición no de ley que ha presentado el PP en nuestro Parlamento es tan tibia y cobardica para las expectativas de autogobierno de Gran Canaria -administrativamente hablando que no en el ámbito político- que me imagino la congoja que llevaría encima el señor diputo del PP a quien le correspondió sacar los papeles del portafolio para presentarlos en el registro. En esa proposición no de ley debería estar añadido, por lo menos, que cada isla tenga la absoluta libertad, a través de sus Cabildos, para administrar los presupuestos que les corresponda a cada una de ellas, de forma que los errores en la distribución de los mismos, si los hubiere, fuesen cometidos por los dirigentes insulares de cada isla, y no como suele ocurrir que las decisiones las toman los Gobiernos y, en muchos casos, por personas dentro de esos Gobiernos procedentes de otras islas que no tienen la más remota idea de cuales son las cosas más perentorias a solucionar en cada isla excepto a las que ellos pertenecen. En lo que al tema del urbanismo se refiere, sólo puedo decir, y lo he repetido ya hasta la saciedad en escritos míos anteriores, que las competencias absolutas sobre urbanismo deben corresponder a los Cabildos porque está más que demostrado que cuando una isla, la que sea, tiene un sobrepeso en el Gobierno las decisiones siempre irán en protección de los intereses de esa isla. Este es exactamente el caso que se está viviendo en Canarias desde hace más de diez años. La hegemonía de Tenerife en el ámbito turístico ha venido de la mano de ese control férreo que ha podido ejercer a través de su sobrepeso en los últimos Gobiernos sobre la evolución urbanística en materia turística en Canarias cuando ellos, Tenerife, ya habían rebasado las metas de crecimiento en su oferta de calidad que se habían marcado a comienzos de la década de los noventa.En cuanto al comentario que el señor Fernando González hace sobre las apetencias personales, según él, del presidente del Cabildo, señor Soria, viene a poner de manifiesto el navajeo político que se traen entre mano políticos de distinto signo que causa sonrojo, navajeo éste que ha llevado a Gran Canaria a quedarse tremendamente rezagada en su desarrollo con relación a la isla de Tenerife y sumida en un clima pésimo de atonía emprendedora. Este comentario de “es una perreta de Soria que sólo obedece a sus apetencias personales de ser él quien tome las decisiones sobre el territorio” descubre y pone en relieve lo que rige en las mentes de algunos de nuestros dirigentes políticos porque ese comentario da por supuesto que el señor Soria será presidente del Cabildo grancanario, a criterio del señor González, por los siglos de los siglos y no se le ocurre pensar que mañana tal vez sea un señor Fernando González el que presida esa Corporación insular y el que tendría en sus manos el regir el destino urbanístico de Gran Canaria según los intereses grancanarios, si fuese aceptada esa proposición no de ley que persigue el PP, según lo publicado. Consecuentemente, lo que pide el PP es, y repito lo ya anteriormente mencionado en este escrito, un más que tibio sentir de la gran mayoría de la ciudadanía Gran Canaria que ya está hasta el moño de que una vez y otra también sea Tenerife el centro de decisiones del Archipiélago e imponga su criterio en beneficio propio en temas que son puramente grancanarios o de otras islas, por tanto, comparto esa iniciativa del PP -siempre y cuando sea ampliada a otras áreas de decisiones administrativas- a la que deberían sumarse todos los políticos grancanarios, no importa su signo político, de forma que sean las islas a través de sus cabildos las que se gobiernen administrativamente y apliquen los criterios que los dirigentes elegidos que les corresponda gobernar los cabildos, tanto si son de un signo político como si son de otro, lo hagan en el mejor de sus criterios para el beneficio de sus conciudadanos de cada una de las islas. Si Tenerife se opone a este planteamiento de autogobierno administrativo para cada isla será porque le están marchando las cosas tan bien con el status actual de impongo, ordeno y mando que no lo cambiarán voluntariamente ni en broma.