Uno de los ejemplos del descrédito de la política ambiental canaria es el casode los sebadales. A pesar de que Bruselas reclama que se refuerce la protección de especies singulares como ésta, los sebadales han sido excluidos del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias, a través de un
polémico procedimiento del Gobierno local que está siendo investigado por la Fiscalía de Medio Ambiente.
Pero el Parlamento isleño ha decidido no tomar en consideración el clamor de los ciudadanos que consideran que 550.000 plazas turísticas son suficientes y que Canarias necesita proteger el suelo que aún le queda sin urbanizar. Un ejemplo más de la política del Gobierno autonómico que evidencia la ausencia de contenido del traído y llevado desarrollo “sostenible” en Canarias.
El Parlamento de Canarias ha aprobado, con votos a favor de Coalición Canaria y del Partido Popular, una Ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y ordenación del turismo para el supuesto desarrollo económico de las islas. La Ley sirve para continuar con un modelo obsoleto de desarrollo económico y turístico. Permite desbloquear un buen número de obstáculos que la normativaurbanística tiene en la actualidad, flexibilizando las decisiones discreccionales y convirtiéndolas en arbitrarias, lo que se traduce, por ejemplo, en la posibilidad de consolidar edificaciones en la costa.
Esta Ley, en su Disposición Adicional Decimoquinta, supone de hecho la posibilidad de legalizar una parte de las edificaciones que se encuentren en dominio público marítimo terrestre y en servidumbre de protección, algo que no permite la normativa estatal de Costas. El Director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible ha dimitido de su cargo porque esta Ley de Medidas Urgentes según sus palabras “es una nueva amnistía a la ocupación incontrolada del suelo”.
Muchas playas tienen que cerrarse al baño por la contaminación que generan las aguas residuales, y en consecuencia por los peligros que entrañan para la salud pública. Algunos ejemplos son la playa de los Cristianos en Tenerife, la de Los Pozos en Puerto del Rosario
(Fuerteventura), la de Bocabarranco en Gáldar (Gran Canaria) o la de Playa Grande en Puerto del Carmen (Lanzarote).
IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS EN LOS TRIBUNALES
CORRALEJO
Un centenar de vecinos de Corralejo
han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción una supuesta trama urbanística que amenaza con quitarles la propiedad de 115 viviendas del casco viejo de esa localidad mediante un montaje mercantil en el que estarían unidas diferentes sociedades que en los últimos años han comprado y vendido sus casas aprovechando que no estaban registradas. Se investiga un delito de estafa continuada en las actuaciones de José Manuel Jiménez del Valle, administrador de Delval Internacional y Sincronía 99.EL COTILLO
El Tribunal Supremo rechazaba el pasado mes de enero el recurso de casación interpuesto por la empresa Oliva Oceánidas, S.L. contra la anulación de seis licencias municipales para la construcción de otros tantos establecimientos hoteleros en El Cotillo. Según se señala en un
pronunciamiento de la Sala quinta de lo contencioso administrativo del Tribunal, la anulación de las licencias fue procedente, al no haberse obtenido la autorización previa para el proyecto de actividad turística de los seis hoteles dentro del Plan Parcial Costa del Faro SAU-1. El acuerdo municipal que autorizaba estos hoteles fue recurrido por el Gobierno Autónomo y anulado en
2003 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
FIRGAS
La Fiscalía solicitaba en septiembre de 2008 doce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el ex alcalde de Firgas, Francisco Ponce, acusado de un presunto delito continuado de prevaricación al otorgar sendas licencias urbanísticas a viviendas unifamiliares a pesar de los informes técnicos y jurídicos desfavorables. También están imputados en este caso los entonces concejales Asunción Nuez Arencibia, José Manuel Marrero Navarro y Alfonso Marrero Marrero, para los que solicita inhabilitación especial para empleo o cargo público durante diez años por el mismo cargo.
MOGAN
La Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias investigan la aprobación, en octubre de 2005, del macroproyecto hoteleroAnfi Tauro (7.500 plazas), estando en vigor una moratoria urbanística que sólo permitía este tipo de proyectos por causas excepcionales. El Cabildo insular calificó el proyecto “de interés para la isla, y conforme con la
ordenación, el modelo territorial establecido y la capacidad de carga insular”. Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario emitió un informe oponiéndose a la declaración del Cabildo, al estimar que el proyecto no reunía los requisitos de excepcionalidad, presentaba incumplimientos de la ordenación urbanística, no justificaba las plazas
pedidas y presentaba numerosos vicios y errores. Unas semanas antes de que el Cabildo de Gran Canaria aprobara el proyecto hotelero, el promotor del proyecto, Bjorn Lyng, invitó al presidente del Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, José Manuel Soria, a un viaje a Austria en su jet privado para asistir a un festival de música y luego a Noruega a pescar salmón. La Fiscalía Anticorrupción investigó si el regalo del empresario a Soria, hoy vicepresidente del Gobierno Canario, era constitutivo de los delitos de cohecho y prevaricación. En mayo el TSJC sobreseía el caso, que será recurrido por la asociación Justicia y Sociedad.
TELDE
El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia nº 5 de Telde juzga la comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias y de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos por la construcción de un centro comercial y una residencia geriátrica. En el caso La Mareta, están imputados el ex concejal de Urbanismo, Ildefonso Jiménez, el anterior
responsable de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Cabrera, y el empresario de la sociedad Parque Comercial y de Ocio La Mareta, Julián Gómez del Castillo.
El caso Faycán sigue su curso en los tribunales con una treintena de personas vinculadas al consistorio de la localidad implicadas en una trama de corrupción municipal por el presunto cobro de comisiones ilegales. Hasta 17 empresas (Cobra, Moncobra, Planos, Gestión y Construcción y
Patrimonial Pacific, Mazotti, Ferretería Las Huesas, Acinox, Preconte, Desra y Cariragua, Iturri, Dragados, Grupo Europa, Urvitel, Edasoft y Servicios Comunitarios, esta última denunciante del caso) se habrían beneficiado del entramado organizado por el ya ex alcalde de Telde Francisco Valido y los concejales del Partido Popular Carmelo Oliva y María Antonia Torres, con la
ayuda del que fuera interventor municipal, Enrique Orts. Las compañías habrían pagado casi un millón de euros para lograr adjudicaciones o desbloquear pagos. Las comisiones oscilaban entre el 6 y el 20% de lo adjudicado.
SANTA BRÍGIDA
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia investiga el caso Teyma, por el que se concedió una licencia de obras a la promotora Teyma Canais para la construcción de viviendas en la zona de La Atalaya invadiendo suelo rústico. La Fiscalía acusa a los dos administradores y al arquitecto de la promotora Teyma Canais de un delito contra la ordenación del territorio. A Carlos Sánchez, ex concejal de Urbanismo de Santa Brígida, y a dos arquitectos municipales, se les acusa de prevaricación urbanística.
En la operación Brisan contra la corrupción urbanística, el Tribunal Superir de Justicia de Canarias ha imputado a a los miembros de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Brígida Antonio Ojeda Navarro, María Teresa Vega Nuñez, Antonio Díaz Hernández y Luis Manuel Troya Ramírez, a los técnicos municipales Ester Mañojil González, María Gracia Santamaría del Santo y al alcalde Carmelo Vega Santana por un posible delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio por conceder una licencia para la construcción de un edificio de 14 viviendas, locales y garajes en el Sector de los Palmerales-San Juanito o Potosi.
SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA
El Juzgado Penal número 4 de Santa Cruz de Tenerife condenaba a mediados del año pasado al empresario, Antonio Pérez, a la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo, multa de 15 meses con cuota diaria de 6 euros, inhabilitación especial para
profesión u oficio por dos años por un delito contra la ordenación del territorio por la construcción ilegal de un hotel en un parque natural de Majona, en la zona de Enchereda. La sentencia también obliga a la demolición de las obras ejecutadas sin licencia y a la restauración del equilibrio ecológico perturbado. El caso se investigó gracias a una denuncia de Ben Magec-Ecologistas en Acción ante la Fiscalía de Medioambiente de Santa Cruz de Tenerife.
ARRECIFE
El TSJC investiga, en la operación Unión, una trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Arrecife sobre irregularidades en la gestión del catastro. Se trataría de una trama dedicada a hacerse con fincas urbanas en Arrecife, cambiar su propietario tanto en el catastro como en el Registro de la Propiedad y venderlas a un tercero, siendo los compradores y los vendedores de los terrenos siempre los mismos. De momento, están siendo investigados por cohecho 17 personas, entre los que se encuentran el líder del PIL, Dimas Martín (actualmente en prisión); sus hijos María Elena Martín, jefa del servicio de contratación del Ayuntamiento de Arrecife y Fabián Martín, vicepresidente del Cabildo; el primer teniente del Consistorio Ubaldo Becerra (PIL), el concejal de Urbanismo, José Miguel Rodríguez (PIL), el ingeniero jefe de la oficina técnica municipal, Rafael Arrocha; el ex vicepresidente del Cabildo Segundo Rodríguez (PSC-PSOE); el consejero de Cultura del Cabildo,Rubén Placeres (PSC-PSOE); los alcaldes de Tinajo, Jesús Machín (CC) y de Yaiza, Gladys Acuña (PIL); los empresarios Fernando Becerra, Jesús Martín Brito y Luis Lleó Khunel; y el arquitecto Carlos Morales, marido de
Alexia de Grecia.
TEGUISE
El Tribunal Supremo ratificó en 2008 la extinción del Plan Parcial Alborada de Teguise, desestimando el recurso de casación presentado por la empresa Cortijos del Majo S.A. contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de septiembre de 2003. El Plan, que se tramitó coincidiendo con el inicio de la redacción del Plan Insular de 1991, preveía la construcción de 7.000 nuevas camas.
YAIZA
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ratificaba, a finales del año pasado, la anulación la licencia urbanística de 1999 concedida por el Consistorio de Yaiza para la parcela 74 del Plan Parcial Cortijo Verde, que permitió la construcción del hotel Hesperia de Puerto Calero. La decisión se basa en que la edificación carece de informe de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT).
El hotel Papagayo Arena es ilegal por una sentencia del Tribunal Superior de Canarias de julio de 2007. El hotel de 747 camas se sitúa en cala de las Coloradas, lindando con el espacio natural protegido de Los Ajaches. El Cabildo de Lanzarote lo califica como “el ejemplo más grave de edificación ilegal desde el punto de vista jurídico”. No sólo su licencia vulneraba las
normas urbanísticas de la isla, sino que la construcción “impide el acceso público al mar y el tránsito por la costa”, según admitió el Ministerio de Medio Ambiente. Aun así, en marzo de 2008, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa paralizaba el expediente de expropiación forzosa que Cristina Narbona había aprobado en febrero de 2007 y gracias al cual los terrenos donde se asienta el hotel fueron declarados de utilidad pública para su incorporación al dominio público con el objetivo de expropiarlo, demolerlo y recuperar el paisaje. En declaraciones públicas, la ministra Espinosa ha defendido que el hotel cumple la Ley de Costas. Sus compañeros de partido en la isla han tenido que recordar a la responsable de Medio Ambiente que el hotel impide el acceso a la playa, algo prohibido por esta Ley (el Artículo 33 de la Ley de
Costas establece que las playas no serán de uso privado y que las instalaciones que en ellas se permitan, serán de libre acceso público), y le han pedido que continúe con el expediente de expropiación.
TEGUISE Y YAIZA
El proceso abierto en el año 2000 por el Cabildo de Lanzarote para denunciar ante los tribunales los establecimientos turísticos que vulneraron el Plan Insular de 1991 y su posterior revisión (la llamada moratoria insular) se ha traducido, hasta el momento, en el inicio de procesos judiciales contra 27 complejos, 22 de los cuales ya han visto anulada su licencia, quince de ellos en Playa Blanca (Yaiza) y siete en Costa Teguise (Teguise). Quedan cinco pendientes de resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Los fallos confirman la existencia de una amplia gama de incumplimientos, entre ellos la ejecución de obras que no se corresponden con el proyecto
para el que se obtuvo autorización previa, permisos concedidos por losayuntamientos durante el periodo de suspensión de licencias o la ausencia de informes jurídicos en Teguise y la “mera apariencia de informes” en Yaiza e incluso negativos, entre otros. A mediados del año pasado la Comisión Europea pedía al Ministerio de Economía todos los expedientes de los fondos europeos invertidos en Lanzarote entre 1994 y 2006 en busca de un fraude masivo en las
subvenciones hoteleras para zonas deprimidas. Una decena de hoteles, ahora declarados ilegales, recibieron más de 30 millones de euros entre 1998 y 2002.
ARONA
La Justicia investiga una supuesta trama de corrupción urdida en torno a la concesión de licencias urbanísticas y contratos en esta localidad constitutiva de un delito continuado de prevaricación urbanística, tráfico de influencias, cohecho y extorsión en la concesión de más de 318 licencias de obras. Hasta el momento están imputados: el alcalde, José Alberto González Reverón, ocho concejales, el arquitecto y el aparejador municipales y un cabo de la Guardia Civil que estaba investigando el caso. La ampliación de la denuncia sobre este caso que se produjo a principios de año podría suponer la imputación del secretario municipal, el redactor del Plan General, el jefe de
la nueva oficina de Licencias y Disciplina Urbanística y un constructor.
GRANADILLA DE ABONA
El ex alcalde y ex edil de Urbanismo de esta localidad, Jaime González Cejas (PSC), está acusado por la Fiscalía Anticorrupción de los presuntos delitos de prevaricación urbanística, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Los dos primeros delitos están relacionados con la aprobación del Plan Parcial Médano Park, promovido por la sociedad Médano Beach Sur SA, en la que González Cejas era propietario del 2% de las acciones. El de prevaricación está relacionado con la concesión de licencias urbanísticas con informes negativos. Se investigan:la licencia de obra para 118 viviendas y garajes, en las parcelas 3C, 3D y 3E de la urbanización Los Martines, El Médano; la licencia de obra para 53 viviendas y garajes y la licencia de obra para seis viviendas en calle Villa de La Orotava, 5 (El Médano); la licencia de obra para seis viviendas y local comercial, sito en la calle Evaristo Gómez, 8 (El Médano). En enero de 2009 Anticorrupción
ampliaba la denuncia por las licencias concedidas a Vimédano, SL, compradora de las acciones de González Cejas en Médano Beach, SA.
Una investigación sobre el patrimonio del ex concejal de Hacienda Fidel Rodríguez (PSC) llevada a cabo por la Guardia Civil ha puesto de manifiesto que sus bienes no son acordes con los ingresos que percibió cuando estaba en el Gobierno municipal. El informe es resultado de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra toda la anterior junta de gobierno local de Granadilla de Abona tras la denuncia presentada por la actual alcaldesa Carmen Nieves Gaspar. Según la investigación, Fidel Rodríguez creó la promotora Inversiones Costa Atlántica (ICA) en el
año 2002 y fue administrador único de la misma hasta el año 2005, compatibilizando su actividad mercantil y privada con la de edil de Hacienda y, además, como consejero delegado de la empresa púbica que gestionaba todo el urbanismo del municipio, Grasur. La Fiscalía
Anticorrupción investiga las licencias concedidas a Inversiones Costa Atlántica, SL (ICA): licencia para obra de 18 viviendas en la calle El Saltadero (San Isidro); la licencia para obra de 12 viviendas en la calle Libertad (San Isidro); y la licencia para obra de 12 viviendas en calle
Benchomo, Las Acacias, parcela M-15. ICA realizó varias promociones de viviendas y recibió la licencia de primera ocupación de otras siendo Fidel Rodríguez edil.
SANTA CRUZ DE TENERIFE
La Fiscalía Anticorrupción investiga una denuncia de la Unión de Consumidores de Santa Cruz de Tenerife (UCE) sobre el Parque Marítimo César Manrique, epicentro de una presunta trama para obtener beneficios mediante la habilitación en suelo público de espacios de ocio que no
cuentan con ningún tipo de licencia y ante los que la Administración pública competente podría estar cometiendo un delito continuado de prevaricación por omisión. El suelo del Parque Marítimo es propiedad de la autoridad portuaria, pero existe una concesión administrativa a la empresa Parque Marítimo Santa Cruz S.A., una sociedad al cincuenta por ciento entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y la Autoridad Portuaria. A su vez, el negocio del ocio en el
Parque Marítimo fue puesto en manos de empresarios privados, a través de una cesión de derechos de explotación a Santa Cruz Park, S.L., que a su vez los cedió a Santa Cruz Park Tenerife, S.L., que llevó a cabo la explotación del negocio sin licencia municipal.
La fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife presentó a mediados del año pasado una denuncia contra el ayuntamiento de la capital tinerfeña por los presuntos delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio por el aparcamiento construido en un extremo de la playa de Las Teresitas conocido como “el mamotreto”.
La Fiscalía Anticorrupción de Tenerife lleva más de dos años con la instrucción por el caso Las Teresitas. Hay una docena de personas imputadas, entre las que figuran el alcalde de la localidad, Miguel Zerolo, y el empresario Antonio Plasencia, acusados de los presuntos delitos de
malversación de caudales públicos y prevaricación. El sumario de esta actuación, que cuenta con más de cien mil folios, investiga la venta, por parte de la sociedad Inversiones Las Teresitas al
Ayuntamiento de Santa Cruz, de unos terrenos colindantes a la playa de Las Teresitas por un importe de 52,2 millones de euros. Una de las particularidades del caso es que, un tercio de las once parcelas adquiridas en su momento por el Ayuntamiento era, y sigue siendo, propiedad de
estatal, al estar en dominio público marítimo-terrestre. Por tanto, de los 110.000 metros cuadrados adquiridos, más de 31.000 nunca debieron ser vendidos, lo que supone que el Ayuntamiento “regaló” alrededor de 17 millones de euros a Inversiones Las Teresitas. Sobre el resto de terrenos, todo parece indicar que una parte de los mismos (13.000 metros cuadrados) fueron objeto de una doble inscripción notarial, ya que por un lado aparecen como propiedad de sus dueños originales (que fueron los que interpusieron la demanda) y por otro, de la empresa Inversiones Las Teresitas. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias está llevando a cabo una exhaustiva investigación sobre presuntos pagos a políticos y técnicos municipales en relación con la tramitación del expediente municipal de compraventa de los terrenos del frente de playa.
A todo esto y para no hacer muy pesada la lectura, les puedo asegurar, que con "otras Leyes", se estan destruyendo toda la Reserva de la Biosfera de la isla de La Palma. Si lo desean podemos especificar con mas detalles.
Tambien podemos asegurar que se destruye todoa la costa de Arona, Adeje, Guia de Isora, Santiago de Teide, Buenavista del Norte, Garachico, Santa Cruz de Tenerife, Granadilla de Abona y San Miguel de Abona.
En Gran Canaria, tenemos en el aire: Agüimes, San Bartolome de Tirajana, Mogan, La Aldea de San Nicolas y Telde.
En Fuerteventura, La Oliva y en Lanzarote, todos los municipios de la isla.
Si has llegado hasta aquí, te habras dado cuenta de que esto no es jauja y cada dia que pasa es un dia que no se recupera. Iremos dandole un repaso cada semana a un lugar especifico, denunciando lo que esta ocurriendo.
6 comentarios:
Hola Doramas, la verdad que están tod@s los políticos pillados, pero no están todos, faltan más, los que seguirán saliendo porque la cosa no se parará, hasta que se enteren que la democracia no son los paraisos fiscales de ningún político, hay que jugar limpio y trabajar por y para hacer politica de crecimiento para tod@s los votantes, no para que vivan a cuenta nuestra y se hagan ricos, robando a los pobres.
Saludos cordiales y buenas noches
Harimagüada
Faltan muchisimos en la trama las Teresitas.
Lo del mamotreto es una tomadura de pelo,al igual que el caso Tabaiba,Radazul,Cho Vito,donde insignes sociolistos tienen sus casas paternas dentro de la playa de Candelaria.
Hotel Medano dentro del agua y cada poco se le rompe las tuberias fecales.....lo peor de todo esto es que se habla de Canarias un paraiso,y nadie ve en el fondo lo que se arde en esta quema,esto pasa en cualquier punto de España y salta un escandalo en los medios y jueces televisivos a chupar camaras ,en nuestras islas vemos esto y lo sufrimos en silencio.
Otra cosa ,digo publicamente que estoy encontra del panfleto de coca y su cruzada con lo de la Gran,para mi es tan Grande como su gente que es mi gente.
Hari, es que si lo pongo todo, seria aún mas largo. Ahora empezare a analizarlo por partes y ya comprobaras que salen todos.
Chopingo, me alegra verte por aquí. Te digo lo mismo, irán saliendo todos, poco a poco y si tienes información de otros, me lo envías, que estoy con muchas ganas de poner a cada uno en su sitio.
Buenas...
Son todos unos corruptos. Al paredón todos esos políticos ladrones. Por cierto, la ley de costas para los pobres, claro. Los ricos se lo montan de maravilla con sus descabellados hoteles en primera línea de mar. Mírese el caso del Hotel Don Gregory (en Las Burras, GRAN CANARIA), que están 24 horas al día de cada día del año además, con insoportables ruídos de sus motores que no dejan dormir a los vecinos. Otra cosa: Ya saben que el alcalde de Arucas (me niego a llamar Ilustre a ese individuo) cambió carreras de coches por la política solo para salvaguardar su casa. Que está en pleno paseo marítimo del Puertillo, en Arucas. EL tal Jose Mari Ponce se lo tiene bien montado. Me produce verguenza. Mientras, a los pobres, se les siguen tirando las casas. Estamos ciegos a tanta degeneración y esto, sigue a más.
Saludos Doramas.
Harimaguada, ya sabes que me gusta mucho leerte y a Chopingo, ¡bienaventurado los ojos que te leen!. Andas cual lagarto escondido bajo las piedras. La vejez te ha dado por estar invisible, jeje. Besos
Gianna, ¿corruptos?, que no, que son niños buenos, que recogen para su casa y su familia.
Se debería devolver el favor de tirar las casas de los pobres, con una ausencia total en las próximas elecciones.
Del Hotel Don Gregory, pues si tienes información me la envías, que ya estoy haciendo un fichero por zonas, para ir dándoles caña.
Chopingo, esta resfriado, pero el vuelve como el Ave Fenix.
Publicar un comentario