MANIFIESTO ESTATUTO DE AUTONOMÍA

El deterioro político e institucional de Canarias se refleja en el creciente alejamiento de la población de la cosa pública y el empeño de ciertos núcleos de intereses privados en alentar los enfrentamientos interinsulares y otros atavismos que también ensombrecen el futuro. Por esa razón, los abajo firmantes hemos decidido a elaborar desde la sociedad civil este MANIFIESTO

1) Consideramos que el actual Estatuto de Autonomía
ha producido una gravísima perversión de la Democracia en
Canarias, de la que es su mejor expresión un sistema electoral
al servicio de una partitocrácia incompetente e incapaz de
impedir los casos de corrupción que hemos padecido.

2) Estamos convencidos de que no basta proceder a su
reforma. Lo que necesitamos con urgencia, a nuestro juicio,
es un nuevo Estatuto adaptado al hecho de que Canarias es
un territorio constituido por siete islas con características
climáticas, geográficas y medioambientales diferentes y con
una población identificada con sus constantes diferenciales.

3) La actual autonomía canaria reproduce un modelo
de centralización provincial superado, causa y origen de los
enfrentamientos históricos interinsulares. La artificiosa capitalidad
compartida alienta las viejas disputas, pues la centralización
de tipo provincial, que eso es la autonomía canaria,
favorece a los núcleos de intereses más cercanos a los órganos
decisorios. Para ellos, la mayor capacidad de influencia
es baza principal contra sus equivalentes de la isla de enfrente.

-Los grupos de intereses que controlan al Gobierno utilizan
la perversa idea de que la competencia entre islas figura
entre los genes políticos canarios. Al hacer de la competencia
nuestro “estado natural”, legitiman la utilización del poder
político para vencer a los “competidores”, con lo que extrapolan
a la política las normas del libre mercado. Esto da lugar a
desconfianzas y conflictos al percibirse las iniciativas y acciones
del Gobierno como formas de favorecer a los intereses
dominantes..

-En este momento, el intento de imponer la hegemonía
tinerfeña no deja a los grancanarios otra posibilidad que esperar
a que le toque la vez para hacer lo mismo en sentido
contrario. Por esa vía de “alternancias” la cuestión política
canaria no tendrá nunca solución: más de doscientos años de
disputas en clave provincial avalan la afirmación. La necesidad
de acabar con semejante esperpento es evidente.

-El llamado “desarrollo estatutario” se ha hecho mediante
una lenta pero constante acumulación de los órganos de
decisión política y administrativa, con sus correspondientes
beneficios económicos, en Santa Cruz de Tenerife. Es intolerable
que estas prácticas hayan sido aceptadas, cuando no
promovidas, por las instituciones y los políticos canarios, en
especial los grancanarios, más atentos a los intereses de partido
que a dar la batalla de la auténtica solidaridad regional.

-La vigente ley de Sedes no pudo frenar esa acumulación
de funciones y poderes, lo que refleja el fracaso total de resolver
el problema histórico-geográfico. Pero no sirvió de nada y
el proceso de acaparamiento continuó hasta el extremo de
que ya hay quienes se sienten con derecho a reclamar la vuelta
a la Provincia única anterior a 1927, con capital en Santa
Cruz de Tenerife. En lo que a Gran Canaria se refiere, se ha
llegado al extremo de que cada vez se pueden resolver menos
asuntos sin previa consulta a Tenerife. A lo que se une la resistencia
de muchos responsables de la administración autonómica
a desplazarse a la isla y establecer contactos directos.
De esta forma, se perjudica a los administrados, que ven demorarse
el resultado de sus gestiones cuando no reciben la
callada por respuesta; además de obligárseles a desplazamientos
innecesarios. En ocasiones, se sienten invitados a
desistir de dirigirse a una administración que consideran lejana
y ajena.

-Sería ingenuo y hasta infantil ignorar que esos grupos
de intereses que dominan el gobierno autonómico disponen
de poderosos instrumentos presupuestarios y mediáticos para
imponer su voluntad y forzar “lealtades” de personas agradecidas;
y para aplicar tratos discriminatorios y penalizaciones
a los que disienten. La extensión y la explotación del
clientelismo es una de las mayores lacras que padecemos.

-La punta del iceberg de la degradación política es el periódico
El Día. Lo mencionamos aquí como muestra y reflejo
de lo que hay detrás, y no porque destaque intelectualmente
y con criterios rigurosos. Responde este diario a los intereses
de ciertos núcleos de poder político y económico, de los que
se ha erigido en vanguardia. La hemeroteca canaria es un
testigo de esta realidad. Sus ataques directos, sistemáticos y
prolongados en el tiempo a las bases de la economía grancanaria
forman parte de una estrategia que va más allá del insulto.
La acusación constante a los grancanarios de estafar a
los turistas con la oferta de atractivos a su juicio inexistentes
y el afán de denigrar a la isla hasta la infamia, son botones de
muestra una campaña que busca dañar a Gran Canaria. Participan
en ella no sólo el medio impreso, la radio y la TV del
grupo sino su edición en Internet que va directa a los mercados
emisores de turistas; hasta el momento, no se aprecian
reacciones políticas y empresariales honestas y contundentes.

4) Canarias sigue, pues, “trabada” en el viejo pleito de
intereses. De ahí que el nuevo Estatuto de Autonomía que
proponemos deba tenerlo bien presente a fin de desterrar
cualquier atisbo de centralización provincial, la que fue su
origen. Sigue impidiendo superarlo la acción de sectores de
opinión anacrónicos estancados en el provincianismo decimonónico
con trasuntos dieciochescos. Es un grave riesgo de
futuro que vuelva a dañarse la convivencia y el entendimiento
entre canarios en las siguientes generaciones.

5) El nuevo Estatuto debe partir de la base del autogobierno
de cada isla a través de sus respectivos Cabildos, sin
posibilidad de injerencia de una isla en los asuntos de otra.

-Creemos que el gobierno basado en los Cabildos Insulares,
como titulares del poder autonómico, es hoy el único camino
practicable para construir una democracia real en Canarias.

-La ley de Cabildos de 1912 fue saludada como un logro
importante de las modernas ideas autonomistas que comenzaban
a tomar forma en aquel tiempo.

-Las circunstancias nacionales e internacionales del
complicado siglo XX impidieron a los Cabildos desarrollar sus
potencialidades y han contribuido a ocultar que representan
la tradición autonómica canaria, que se remonta a la primera
organización administrativa del siglo XV.

-El Estatuto de Autonomía ignoró esa tradición que sus
redactores estuvieron a punto de eliminar. Se contentaron
con convertir a las corporaciones insulares en simples dependencias
del Gobierno “provincial”, es decir, de quienes lo
utilizan como herramienta hegemónica.

-La isla que más sufre esta situación es Gran Canaria,
al ser la única que obstaculiza la hegemonía tinerfeña. Es posible
que en otras islas no tengan tan clara la necesidad de
un nuevo Estatuto sobre la base de los autogobiernos insulares
que, en el fondo, no sería sino profundizar en el principio
autonómico. Por eso, los firmantes de este manifiesto advierten
que aplican al problema una visión desde Gran Canaria y
corresponde a los ciudadanos de cada isla decidir libremente
lo que estimen más conveniente para sus intereses. No está
de más recordar que la ley de Cabildos de 1912 se debió a la
iniciativa de cuatro de las cinco islas no capitalinas: Lanzarote,
Fuerteventura, La Gomera y El Hierro.

-Al no ser iguales las islas, es preciso el trabajo técnicopolítico
previo de definir los intereses trasversales, es decir,
los comunes a todo el archipiélago, y diferenciarlos de los
propios de cada una de ellas. Los primeros permanecerían en
el ámbito de la administración regional reducida a una dimensión
adecuada en la que prime sobre el clientelismo la
cualificación funcionarial; los segundos serían o no asumidos
libremente en cada isla por su propio autogobierno, en función
de su capacidad para atenderlos o por cualquier otro
motivo. Debe recordarse que entre los extremos no desarrollados
del actual Estatuto figura el fondo de solidaridad interinsular
llamado a ser, en el nuevo, herramienta poderosa para
un equilibrio regional de verdad.

-El ámbito de actuación de la administración regional se
circunscribiría, pues, a la coordinación y gestión de los intereses
comunes, a su presencia subsidiaria en los que alguna
isla le encomiende y a la representación y defensa de los intereses
económicos y estratégicos de la Comunidad ante los
organismos e instituciones internacionales.

-Todos y cada uno de los puntos tocados en este manifiesto
y algunos más han sido documentados, considerados y
reflexionados a partir de la realidad que vivimos y analizada a
la luz no sólo de la experiencia vivida, sino de la historia y las
tradiciones que están a punto de irse definitivamente por el
sumidero de esta autonomía, tan mal concebida y perjudicial
que obliga a plantear abiertamente la ruptura.

6) Si en lo político-administrativo es preciso un Estatuto
nuevo, no es menos urgente abordar las herramientas económicas
atendiendo a sus precedentes históricos y adecuándolas
al mundo globalizado y al creciente peso en él de las
nuevas estrategias financieras, económicas y tecnológicas.

-En esa perspectiva, es preciso devolver a los Cabildos el
poder fiscal del que han sido despojados para que puedan
ejercer de auténticos gobierno insulares. Simultáneamente,
debería acometerse una reforma en profundidad del Régimen
Económico-Fiscal de Canarias y sentar hasta qué punto sigue
siendo instrumento válido en un mundo globalizado.

7) Cambios como el que proponemos suelen tropezar
con la sacralización de la Constitución. A ésta se apela como
el escollo insalvable. No se advierte que Canarias es un territorio
diferente necesitado de un trato distinto y que la cuestión
deberían plantearse al revés: es la Constitución la que
debe adaptarse para atender las necesidades de los ciudadanos.
Si es preciso introducir enmiendas específicas a la Constitución,
tendrá la actividad política que orientarse en esa dirección.
En cualquier caso, estamos convencidos de que una
reforma estatutaria que haga de los Cabildos la piedra angular
de la autonomía canaria es plenamente constitucional.

En próximas fechas, como ampliación de este manifiesto daremos a conocer las consideraciones de partida y un conjunto de propuestas abiertas a la opinión de quienes deseen participar de esta iniciativa desde la sociedad civil y ajena a las fuerzas políticas, aunque no a sus militantes como ciudadanos que son.