LOS CANARIOS SON TONTOS

O... SON TONTOS POR SER CANARIOS

428,4 millones en subvenciones sin justificar hasta mayo de 2019, no es moco de pavo, pero que alguien a la vista de las "investigaciones" partidarias se los metió en los bolsillos, es una realidad. Lo mejor es, que difunden el asunto ahora, lo que claramente demuestra que estan haciéndole un traje nuevo a "alguien personalmente o a un partido politico en particular".

La Audiencia de Cuentas, que es uno de los chiringuitos donde pastan los amigos de los politicos y que nos cuesta anualmente de nuestros bolsillos, algo más de 5 millones de euros. Para que nos digan que "alguien o algunos" nos han hurtado 429 millones de euros. Apunta «indicios de responsabilidad contable» en los derechos pendientes de cobro, por "perdida de los expedientes", sobre todo los anteriores al 2010, que han "PRESCRITO" y por lo tanto son "IRRECUPERABLES"...

Pagamos 5 millones para que nos digan que nos han robado 429 millones y que han prescrito.

El Gobierno Autonómico de Canarias tiene reconocidos hasta mayo del año pasado 428,4 millones de euros en subvenciones que no ha podido justificar todavía de las que ha concedido a organizaciones y particulares, así como ayudas monetarias abonadas a cabildos y ayuntamientos. Repartir dinero a manos llenas entre los amigos, conocidos y partidarios politicos es el pan nuestro de cada día. No les cuesta nada, nos lo quitan al pueblo. Y rematan con evitar controlar justificadamente esos despilfarros de dinero, a sabiendas de que nadie se preocupará de ello. La Justicia anti-corrupción en Canarias ni esta, ni se le espera que actúe de oficio. Menos aún poniéndole el caso en bandeja. Sencillamente debido a que la justicia son ellos y sus decisiones. Les recuerdo que llevamos un año sin designar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y esperen sentados, que se pongan de acuerdo los politicos y designen a quien les venga mejor para sus situaciones. Es eso que ahora se llama "SEPARACIÓN DE PODERES"

En el colmo de los colmos, es que aún entregando ayudas economicas a organismos oficiales como ayuntamientos y cabildos, donde deben existir unos departamentos de Hacienda dirigidos por politicos y funcionarios, ni se preocupan de justificar esos gastos. Se lo meten en el bolsillo y a esperar que prescriban. ¿Descarado?, por supuesto, lo que demuestra realmente que nos roban o nos hurtan (no sabemos si con violencia o sin ella), con el descaro real que les reporta la TOTAL IMPUNIDAD.

La cantidad figura en el informe de fiscalización que ha realizado la Audiencia de Cuentas en el que se analiza el estado en el que se encuentra este tipo de gasto hasta el 2 de abril de 2018, aunque el documento incorpora los últimos datos disponibles, es decir los de mayo de 2019. Así, lo fiscalizado se basa en los datos manejados por la Intervención General hasta febrero de 2018, que sitúa la cifra pendiente de justificar correspondiente a subvenciones y aportaciones dinerarias en 453,8 millones.

Los técnicos de la Audiencia de Cuentas han tenido que hacer un trabajo de cirugía puesto que el Gobierno de Canarias utiliza dos aplicativos informáticos para los expedientes de las subvenciones y, en muchas ocasiones, no casan los datos. Pese a ello, se ha llegado a la conclusión de que, por una parte, a lo largo del tiempo, se han «extraviado» algunos de estos expedientes por los cambios de consejerías llevadas a cabo por los distintos gobiernos y por otra, hay generados derechos pendientes de cobro que están efectivamente prescritos por lo que «se podrían deducir indicios de responsabilidad contable». Pero la Fiscalía Anti-corrupción, ni esta ni se le espera, por no enterarse, no se entera ni por la prensa.

Esto último sería aplicable a los 10 expedientes del año 1996 acumulados en el Servicio de Ordenación Turística que se encuentran con resolución de prescripción. O al 75% con «prescripción indiciaria» correspondientes, en su gran mayoría, a las antiguas escuelas taller, talleres de empleo y casas de oficio, que se encontraban pendientes de justificar en la Subdirección de Formación del Servicio Canario de Empleo. Se acuerdan ustedes del Caso ICFEM, que tras más de 16 años de procedimiento, la sentencia deja libres de responsabilidad criminal a los acusados y se perdieron 10 MILLONES DE EUROS. Realmente nos toman por tontos. Nos dan romerías, fútbol y carnavales, para que sigamos siendo los corderos del sacrificio.

Entre los expedientes que se dan por ilocalizables y además prescritos, se mencionan:
Cinco iniciados por el Servicio Canario de Salud que suman 180.945 euros perdidos definitivamente. 
También, los 217 expedientes correspondientes a la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración con una pérdida total de 464.672 euros. 
Lo mismo con los 16 expedientes de la Dirección General de Cultura por valor de 241.202 euros.
Tampoco son desdeñables los más de 28 millones en aportaciones dinerarias que han recibido los cabildos y sus organismos dependientes del Gobierno que permanecen sin justificar hasta mayo de 2019. Lo que deja muy claro aquello de "PERRO NO COME PERRO".

De hecho, la Audiencia reprende a las corporaciones locales en su informe al «enfatizar en el hecho de que el carácter público de los beneficiarios hace que éstos deban ser aún más escrupulosos con el cumplimiento de los requisitos concesionales». Y las corporaciones se descojonan directamente, ellos los tienen cuadrados.

La Audiencia de Cuentas sostiene que la recuperación de estos millones es prácticamente «inviable» dada la antigüedad de los saldos. Resultando que el número de sanciones tanto a las Administraciones Públicas como a los privados que no han justificado las ayudas ha sido «muy reducido», ninguna sanción o reclamación a los que se han quedado con el dinero:

Dirección General de Universidades, 

ACIISI, 

Consejería de Sanidad, 

Consejería de Obras Públicas y Transportes, 

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, 

Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, 

Instituto Canario de la Vivienda.

Reproducción de un politico