Lo que ocurrió en Alcasser, ha ocurrido, ocurre y seguirá ocurriendo en toda España, mientras no hayan responsables de las administraciones del Estado, que se preocupen de erradicar, detener, juzgar y condenar a los responsables directos e indirectos de esta situación, sean quienes sean. Dicen que no se debe juzgar en caliente, pero la realidad es que ni caliente, ni tibio, ni frío, aquí nadie hace nada. Se llega a aceptar la situación, se tapa, se esconde por aquello de no provocar una alarma social y en realidad se provoca esa alarma, dándole alimento explosivo por unos dias a los medios escritos y digitales. Buscan una cabeza de turco, el pringadillo de turno y ya lo dan todo por solventado, hasta la próxima ocasión.
El asunto de la prostitución infantil en Gran Canaria, está en los juzgados desde el 2016 y lo que le queda. Pero, al parecer otro asunto de igual calibre de septiembre de 2017, ya sienta el próximo Lunes día 1º de Junio de 2019, en el banquillo a un pringado sin "padrino". No se entiende o sí, estas cosas tan reales como la vida misma.
Todo lo que he escrito sobre el caso de LAS 18 LOVAS en este blog, lo pueden leer y ver en el enlace de referencia al final de este párrafo y dentro del mismo pueden leer y enterarse en los SEIS CAPITULOS que se exponen dentro del mismo, la realidad de la prostitución infantil en esta isla y que parece ser, se intenta dejar en el olvido, por unos u otros, responsables directos o indirectos de dicha "PROSTITUCIÓN INFANTIL".
Estamos viendo como eso de quien tiene dinero, lo tiene todo, hasta en la justicia estamos hartos de observarlo. Un pringadillo roba un pan y al talego. Un comentarista habla de realidades palpables y van a por él buscando matar al mensajero. Alguien con dinero de esos del cuello blanco, comete "presuntamente", que para ellos existe la presunción de inocencia mantenida con el reparto de billetes, se puede pasar años y años litigando en los juzgados, para al final y si se puede, resultar prescrito el "presunto" delito. Es lo que yo veo con esta noticia.
La Fiscalía Provincial de Las Palmas interesa una pena de once años de prisión para un hombre llamado Josué S. M. al que acusa de haber abusado sexualmente de una menor durante el tiempo que esta permaneció fugada de un centro de Las Palmas de Gran Canaria.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas comenzará el próximo lunes a juzgar al procesado en esta causa, que tenía 33 años en septiembre de 2017, cuando tuvo en su coche cuatro relaciones sexuales consentidas por la chica, pese a saber que tenía solo 14 años.
La menor estaba ingresada en un centro, bajo la custodia de las autoridades administrativas correspondientes de la capital grancanaria, del que se fugó entre los meses de julio y noviembre del pasado año 2017. Autoridades, que en mi opinión, deben ser responsables directa o indirectamente de facilitar ese "presunto" delito, por no evitar la fuga de la menor o no poner los sistemas humanos o mecánicos para evitar dicha fuga. Pero no veo esa referencia en la información aparecida en los medios (LINK) que a esas autoridades se les nombre para nada. Aquí, lo que al parecer interesa, es llevarse por delante al pringadillo de turno, que en el colmo de los colmos, "tiene antecedentes penales".
Vista aérea del chalet donde se prostituían las menores, que deberían estar bajo custodia de las autoridades. |
Sobre el procesado constan varias condenas previas por los delitos de resistencia, conducción sin permiso y hurto. La primera de ellas se dictó el 1 de octubre de 2010 por un delito de resistencia y otra fue el 14 de abril de 2015 por un delito de conducción sin permiso. La condena por hurto tuvo una sentencia firme el 31 de mayo de 2017.
La Fiscalía Provincial de Las Palmas interesa que al acusado se le prohíba aproximarse a la menor, a su domicilio, lugar de estudio o trabajo o lugar frecuentado por ella o a cualquier lugar donde se encuentre, a una distancia no inferior a 500 metros por tiempo de 15 años, así como la de establecer contacto con ella por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático o contacto escrito verbal o visual por el mismo tiempo de duración. También se le exige la obligación de participar en un programa de educación sexual.
Además, pide que indemnice a los representantes legales de la menor con 5.000 euros por los daños morales causados. En esto último es que me parto de risa. Se presupone que los representantes legales de la menor internada en el centro administrativo, será la administración a la que parece ser despues de incumplir con sus obligaciones, el pringadillo debe indemnizar por los daños morales causados. Vivir, para ver.
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