LADRONES DE GUANTE BLANCO, QUE ACTUAN CON TOTAL IMPUNIDAD

ME LLEGA ESTA NOTICIA Y SI SE COMPRUEBA QUE ES CIERTA, AQUÍ EXISTE UN DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO, PERSEGIBLE DE OFICIO O POR DENUNCIA PÚBLICA. ESTE BLOG SE HA PUESTO EN CONTACTO CON UN LETRADO PARA QUE NOS DIGA EXACTAMENTE LA PUNIBILIDAD DE ESTOS HECHOS.

La noticia la pueden ver en éste LINK, aunque aquí les pongo el texto de la misma, por si desaparece de la red:

Desde el año 2007, la crisis en España se ha llevado por delante a 57.708 empresas con más de seis trabajadores, que es el número que determina la ley para poder celebrar elecciones sindicales. Con esos datos del Ministerio de Trabajo en la mano, a nadie se le escapa que, forzosamente, la representatividad de las centrales ha tenido que cambiar de forma sustancial. ¿En qué proporción exactamente?

Pues a fecha 12 de febrero de 2010, según las estadísticas recabadas por LA GACETA, el número de representantes certificados por el departamento que todavía dirige Celestino Corbacho ascendía a 324.475, así que, tirando de calculadora, el total de delegados de personal o miembros de comités de empresa, se habría reducido en más de 94.000 aproximadamente. Ocurre, sin embargo, que UGT y CC OO han decidido no dar de baja a todos estos sindicalistas que no pueden seguir ejerciendo la función que les fue encomendada al haber cerrado o desaparecido la compañía en la que fueron elegidos. El número estimado de delegados fantasma que continúan sus funciones aun habiendo desaparecido su empresa se acerca a los 50.000.

El porqué se explica con facilidad: hay demasiado dinero en juego, ya que no son pocos los ámbitos en los que la representatividad se convierte en el criterio diferenciador de la posición de un sindicato frente al resto. La falta de ética de las centrales que lideran Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo desvirtúa las certificaciones de los resultados electorales, lo que afecta irremediablemente a la negociación colectiva, el disfrute del patrimonio sindical, la participación institucional, la percepción de subvenciones y el desarrollo de los programas de formación. Ahí es nada. Precedente del BOE

Se da, además, la circunstancia de que los certificados de resultados electorales constituyen un documento público, de tal manera que la emisión a sabiendas de certificados que no son fieles ni ajustados a la realidad en el momento de su difusión puede ser constitutiva de un presunto delito de falsedad documental.

Hace sólo dos semanas, como informó este diario, el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid notificaba a las partes que se inhibía a favor del Tribunal Supremo al instruir una querella de Manos Limpias contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y sus tres vicepresidentes. La conducta denunciada se refiere a la corrección de errores publicada en el BOE del 25 de mayo, que modificaba la fecha del decreto ley que prohibía a los ayuntamientos endeudarse a partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2011. El cambio retrasó siete meses su entrada en vigor.

La Unión Sindical Obrera (USO) ha remitido un escrito al ministro de Trabajo e Inmigración –así como a los consejeros del ramo de las comunidades autónomas– en el que exigen que se dé de baja como delegados sindicales o miembros de comités a aquellos representantes de los trabajadores que desempeñaran su actividad en empresas cuya defunción está acreditada. A su favor juega la respuesta que, a raíz de una queja de USO-La Rioja, formulaba este verano la Defensora del Pueblo Riojano a la Consejería de Industria, Innovación y Empleo de la región. María Bueyo Díez Jalón instó a su responsable a “impulsar las medidas oportunas que permitan a la Oficina Pública de Elecciones Sindicales tramitar de oficio la baja de los representantes de los trabajadores de las empresas que han cerrado, y que constan con cero trabajadores de cotización a la Seguridad Social, con el objetio final de emitir certificaciones de resultados electorales lo más fieles y ajustadas a la realidad representativa”.

Cabe esperar que dicha consejería mueva ficha con la mayor brevedad posible, como han de hacerlo las 16 restantes. En cuanto al Ministerio de Trabajo, por ocupado que esté Corbacho preparando la mudanza a Cataluña, sería inadmisible que siguiera haciendo la vista gorda ante la legión de delegados fantasma que acumulan las centrales de clase a estas alturas de la crisis.

Imagínense lo que está pasando en este país, cuando al parecer los mismos sindicatos además de beneficiarse de multitud de subvenciones, una parte de ellas las cobraban mintiendo al Estado y a todos los españoles. ¿Debemos acudir a una huelga que solicitan unos presuntos ladrones?, yo creo que no, que ya está bien de engaños y vivir a cuenta de los pocos asalariados que quedan y sangrando a los parados y aún piden que acudamos a la huelga, incluyendo a los jubilados.

¡¡HIPÓCRITAS SINDICALISTAS!!