NO LO DIGO YO, LO DICE LA JUEZ. ¿JUAN FERNANDO, DONDE ESTAS AHORA?. ¿REMEMORANDO FILESA.....?
Financiación del partido y enriquecimiento personal. Parecen ser los dos objetivos de la trama urbanística organizada por el ya ex alcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos, y desmantelada la pasada semana. A tales conclusiones ha llegado la juez que instruye el «caso Astapa», Isabel Conejo, en el auto con el que el pasado viernes ordenó el ingreso en prisión incondicional del primer edil del PSOE como presunto autor de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona estima que Antonio Barrientos, como alcalde de la localidad, «resultaría el máximo responsable de una estructura» creada en el entorno del Ayuntamiento y «orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios» con el fin de «financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición», así como para «enriquecerse personalmente».
Pago de comisiones
La resolución señala que una de las principales fuentes para obtener ingresos «era la infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos, propiciando un notable incremento en la plusvalía en los promotores y empresarios a los que como contrapartida se les solicita el pago de cantidades de dinero».
Según la juez, también existen indicios de que Barrientos «ha permitido y realizado actividades de mediación en la contratación de numerosas personas por razones de titulación personal o afinidad política
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona estima que Antonio Barrientos, como alcalde de la localidad, «resultaría el máximo responsable de una estructura» creada en el entorno del Ayuntamiento y «orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios» con el fin de «financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición», así como para «enriquecerse personalmente».
Pago de comisiones
La resolución señala que una de las principales fuentes para obtener ingresos «era la infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos, propiciando un notable incremento en la plusvalía en los promotores y empresarios a los que como contrapartida se les solicita el pago de cantidades de dinero».
Según la juez, también existen indicios de que Barrientos «ha permitido y realizado actividades de mediación en la contratación de numerosas personas por razones de titulación personal o afinidad política
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